La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sentó su posición ante la propuesta del Centro Democrático de que las sentencias contra militares pasen por el Tribunal Superior Militar y Policial: "Es inconstitucional".

Ante la Comisión Primera del Senado, el magistrado Camilo Suárez sostuvo que esta iniciativa del uribismo podría dejar en el aire a los uniformados que se sometieron ante el tribunal que se creó con el Acuerdo de Paz de 2016. 

Suárez, quien fue juez militar entre 1992 y 2016, afirmó que uno de los grandes problemas es la concepción propia de la JEP, que es definida como un órgano de cierre.

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En otras palabras, lo que decida la jurisdicción es definitivo, a diferencia de lo que pasa con la Jurisdicción Militar, que tiene como instancia superior a la Corte Suprema de Justicia. 

"A esta jurisdicción se le otorgó la competencia para investigar graves y masivas violaciones de Derechos Humanos, graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, al contrario de la jurisdicción penal militar, que en reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional no tiene la competencia".

Recordó que la Sentencia C358 de 1997 definió los límites de la Jurisdicción Penal Militar, lo que fue ratificado en la Sentencia C878 del 2000.

Suárez aceptó que el Congreso puede hacer modificaciones a la Constitución Política, pero lo que no puede es reemplazar pilares esenciales.

"Creo que cuando se identifican estos pilares que he señalado que tienen que ver con las garantías de los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica, la obligación de Colombia de investigar, juzgar y sancionar con un tribunal autónoma e independiente, una iniciativa de esta naturaleza podría considerar desde nuestra postura que hay un juicio de sustitución particularmente a la Constitución".

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El Centro Democrático radicó un proyecto de acto legislativo para permitir que la Justicia Penal Militar revise de forma automática las sentencias condenatorias que emita la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública.

Cualquier modificación o ajuste que surja de la revisión, solo podrá favorecer las condiciones o rebajar las sanciones del uniformado compareciente.

Los congresistas ponentes, Rafael Nieto y María Clara Posada, sostienen que este proyecto garantizará el debido proceso y la seguridad jurídica a los militares. 

Principalmente porque señalan que los magistrados de la JEP carecen de conocimiento específico sobre el Derecho Internacional Humanitario operativo y las normas internas que regulan las misiones de la Fuerza Pública.